En esta tercera y última entrega sobre la regulación del mercado de las drogas, ubicaré el estado actual de la legislación mexicana con respecto a las sustancias lícitas e ilícitas, y también las iniciativas de ley que actualmente se analizan en el legislativo.
En México existen drogas lícitas cuya compra y venta a mayores de edad no tiene ninguna restricción, tal es el caso del alcohol y tabaco. Sin embargo, la Ley General de Salud contempla otras sustancias catalogadas como un peligro para la salud pública, pero que, dado su valor terapéutico, tienen permitida la venta bajo estricto control médico, tal es el caso de tranquilizantes derivados del Diacepam, las benzodiacepinas y los derivados de la morfina y opiáceos, un poco más de 50 sustancias en total.
Por ultimo, están aquellas sustancias consideradas peligrosas para la salud y sin ningún valor terapéutico, en este grupo se hallan juntos la marihuana, heroína, alucinógenos y cocaína, entre otros.
La regulación del mercado de las drogas, y como primer paso, de la cannabis, necesita un estatus jurídico que permita su comercialización y producción de manera diferente a la de cualquier sustancia lícita. La cannabis no podría venderse como el alcohol o tabaco en cualquier tienda (principalmente porque sabemos que los menores de edad tendrían fácil acceso a ella), pero tampoco adquirirse únicamente bajo receta médica (pues tiene uso medicinal aún poco explorado y también un uso recreativo).
En México existe la tendencia hacia la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y otras sustancias. La primera propuesta al respecto se hizo durante la administración Fox, misma que fue aprobada por los legisladores pero regresada a revisión por parte del Ejecutivo. Hasta entonces se mantiene congelada en comisiones. Recientemente, el presidente Calderón planteó la posibilidad de no procesar a quienes portaran como máximo 5 gramos de marihuana. Soluciones parecidas han propuesto en el Congreso las bancadas del PRD y el Partido Socialdemócrata.
De aprobarse alguna de las iniciativas, estaríamos hablando de una solución parcial y poco eficaz ante el reto que significa tanto el narcotráfico, como los problemas de salud ocasionados por las drogas. Despenalizar sólo la portación de pequeñas cantidades de algunas sustancias y no regular completamente el mercado de las mismas, significa mantener intacto el negocio de los narcotraficantes, y tolerar (que no respetar) la libertad de consumir una sustancia que seguiría considerándose ilícita. A eso, habría que añadir la falta de un Plan Nacional contra las Adicciones, mismo que debe ser fundamental en cualquier legislación que se pretenda integral.
Una legislación en torno a la regulación de cualquier sustancia con potencial adictivo debe procurar todos los ámbitos que conciernen al mercado, de lo contrario, las alternativas podrían no tener el impacto adecuado.
Cada día son más los consumidores de drogas y aumenta el número de adictos en el mundo. Ninguna legislación prohibitiva ha dado resultado en ningún país. Por el contrario, las mafias se internacionalizan y fortalecen, convirtiéndose en amenazas tangibles para la seguridad nacional y la democracia. Es tiempo de intentar alternativas responsables. La regulación del mercado de las drogas es una de ellas.
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