La última reforma electoral se pondrá a prueba en las elecciones del próximo julio que, al menos en el papel, serán las más equitativas de nuestra joven democracia. La ley electoral vigente regula los periodos de campañas y precampañas, avanzó en materia de fiscalización al dinero de los partidos, y prohibió que éstos contrataran publicidad en radio y televisión. Esta última es, sin duda, la medida que mayor controversia ha causado.
Los detractores de la nueva regla del juego argumentan que impedir a partidos y particulares que contraten publicidad con fines de promoción política es una falta a la libertad de expresión. La idea es incorrecta. Todo Estado regula el contenido de sus programas de televisión y radio. Todos. En algunos países está prohibido divulgar escenas violentas, por ejemplo, y nadie pone en tela de juicio la libertad de expresión.
Es cierto que la medida es un tanto extrema y quizá no habría necesidad de implementarla en una democracia sólida y madura, con instituciones y procesos intachables. Pero también es cierto que los comicios del 2006 fueron muy cuestionados. El origen y cantidad de recursos invertidos en propaganda en radio y televisión abonaron en gran parte al hermetismo y desconfianza del proceso en general.
Prohibir la contratación de publicidad política significa un duro golpe para los dueños de los medios de comunicación, pero supuso el manejo financiero y político de una situación que se había salido de control. Además, la medida contribuirá a la equidad del proceso, ya que ahora el IFE será quien administre y reparta el tiempo oficial en radio y televisión al que tienen derecho los partidos. Antes accedía a estos medios quien más gorda tuviera la billetera, ahora hay reglas claras para ello. El tiempo en radio y televisión se reparte de la siguiente manera: 30% del total de forma igualitaria entre todos los partidos; y el 70% restante, equitativamente de acuerdo al número de votos obtenido en la última elección.
La eficacia de la disposición se evaluará, como todo el proceso, después del 5 de julio, fecha en que se renovarán los 500 diputados del Congreso de la Unión. Sin embargo, podemos ver los primeros resultados: hace tres años, por estos tiempos, el bombardeo publicitario era ofensivo. Hoy es discreto. Efectivo quizá. Aunque mañosos hay en todos lados y no hay legislación inviolable. Ahora se contrata publicidad política disfrazada de gobernador cocinando en programa para señoras, o diputado que se parte la cara y va con el doctor de la telenovela de las diez. En fin, no quiero dar más ideas.
Falta mucho para que nuestros procesos electorales sean justos y equitativos. La próxima legislatura debería abordar el tema del dinero a los partidos. Los presupuestos asignados son muy altos, nuestra democracia es muy cara y el problema no está en las instituciones electorales. Hay que disminuir los recursos de los partidos y repartir mejor ese presupuesto.
