La seguridad pública y el combate al crimen organizado son temas prioritarios para la actual administración del gobierno de Felipe Calderón.
Sin embargo, el Estado mexicano está perdiendo esta batalla. Así lo demuestran los números: más de 4 mil muertos en 2008 y 1164 en lo que va del año, un promedio de 22 asesinatos por día, entre los que se encuentran mandos policiales pero también civiles inocentes.
La estrategia de las armas, la estrategia de los balazos, es, aparte de inútil, contraproducente. No se puede combatir al narcotráfico exclusivamente con métodos policiales. Las razones son las siguientes:
Primero: El crimen organizado ha logrado infiltrarse entre los mandos medios y altos de los cuerpos policiales, es decir, no se puede combatir al narcotráfico con policías cuando se tiene una autoridad corrupta que propicia la impunidad.
Segundo: La capacidad organizativa, logística, operativa y financiera del crimen organizado es de mucho mayor eficacia que la capacidad operativa de los servicios de inteligencia; así lo demuestran su sistema de escalonamiento de liderazgos al interior de las células delictivas, las dinámicas para repartirse las plazas de venta y la forma de rehacerse y rearmarse cuando sufren golpes por parte de las fuerzas de seguridad.
Tercero: En algunos sitios de la República, los narcotraficantes tienen más legitimidad que las autoridades. Su poder financiero, capacidad de gestión y su arraigo en ciertas comunidades, les ha otorgado un liderazgo que, a menudo, crea un poder paralelo, tácito, que se aprovecha de los huecos y carencias del Estado, y sustituye a éste.
Los narcotraficantes existen porque el comercio de drogas es rentable. Los narcotraficantes se alimentan de la prohibición. Si la venta, el consumo y la posesión de drogas fueran legales, si, por ejemplo, la marihuana se pudiera comprar de manera lícita en un establecimiento específico para ello, entonces nadie acudiría con los narcos. Éstos verían reducidas significativamente sus ganancias, y con ello, la viabilidad de su negocio estaría en entre dicho.
La despenalización de la marihuana debería ser el primer paso en el camino de la regulación del mercado de las drogas. Es un falso debate condicionar la despenalización de la cannabis a tener estudios sólidos que demuestren si hace o no daño, si causa o no adicción. Las preguntas deberían ser otras, y para algunas ya existen respuestas. Deberíamos cuestionar si la marihuana hace más o menos daño que el alcohol, más o menos daño que el tabaco; si acaso el Estado tiene derecho a decir qué consumimos y qué no consumimos; y más aún, si el daño que causan las drogas justifica su prohibición, y con ello, los millones de dólares y las vidas perdidas en su combate.
