No hay estudios suficientemente sólidos que demuestren la eficacia de la pena de muerte para reducir los índices de criminalidad. Por esa razón, la mayoría de los países democráticos han abolido esta medida, o bien, aunque sus legislaciones la contemplen, nunca la han aplicado.
En México, el Partido Verde y algunos legisladores del PRI, suscribieron hace unas semanas una iniciativa que pretende reinstalar la pena de muerte en nuestro marco jurídico. Cabe recordar que apenas en el 2005 dejamos de pertenecer al pequeño grupo de países como EUA, Nepal, China, Yemen o Congo que aún la permiten. De restablecerla, nos agruparíamos con Papúa Nueva Guinea, Gambia y Filipinas.
Es cierto que estamos atravesando por el momento con mayor índice de criminalidad en la historia moderna de nuestro país, y que cada vez es mayor el número de delitos cometidos con violencia extrema. El origen de estos problemas se halla en dos grandes tipos de causas: aquellas derivadas de la descomposición del tejido social producto de las desigualdades existentes, y las relacionadas con las fallas estructurales del sistema de procuración e impartición de justicia.
La impunidad y la corrupción de los cuerpos policiales son el principal lastre del sistema de justicia en México. Aunado a eso está la ineficacia de los procesos, las irregularidades en los centros penitenciarios y la criminalización de la pobreza. En nuestro país la cárcel está llena de pobres, tener recursos para un abogado puede ser la diferencia entre libertad y prisión. De aprobarse la pena capital, la pobreza podría ser la diferencia entre vida y muerte.
Además, aprobar esta pena conllevaría un desgaste político y un procedimiento institucional de suyo complejo, que necesitaría la aprobación de la medida por los congresos estatales. No queda más que pensar que la propuesta es meramente electoral y mediática.
Resultaría más laborioso, pero daría resultados tangibles, encaminar los esfuerzos del Estado a combatir el crimen mejorando los puntos nodales del sistema de procuración e impartición de justicia. Habría que darle una dimensión distinta y eficaz a la readaptación social, de tal forma que el tiempo en la cárcel resultase provechoso para quienes cumplieron una condena.
Es fundamental agilizar los procesos y acelerar la implementación de los juicios orales en todo el país. Avanzar hacia la unificación de los mandos policiales para que exista una policía nacional, con jurisdicción en todos los estados y en todos los municipios, de tal forma que haya una sola base de datos, criterios y procedimientos.
Pero quizá el argumento de mayor peso en contra de la pena capital debería ser que, de aprobarse, el Estado aceptaría que sólo puede resolver ciertos problemas mediante el uso de la fuerza, y en este caso, de su expresión más contundente y menos democrática, por irreversible, por inhumana.
