Las armas como política

Un nuevo fantasma recorre Latinoamérica, es el fantasma del militarismo. En la última década, diversas regiones al sur del Río Bravo se han militarizado o utilizado a las fuerzas castrenses como medida de control político, lo que sin duda reconfigura la dinámica geopolítica en el continente.

Las razones han sido varias: el combate al crimen organizado, control de recursos naturales, legitimación de regímenes políticos y golpes de Estado.

En el primer caso, se hallan Colombia y México, aunque países como El salvador, Guatemala y Honduras cuentan con bases militares norteamericanas so pretexto de controlar el flujo de armas y estupefacientes. Por su parte, tanto Álvaro Uribe (quien busca su tercera elección consecutiva) como Felipe Calderón, optaron por fortalecer sus ejércitos, aumentar la presencia militar en las calles y aceptar recursos estadounidenses para combatir el narcotráfico.

El control de los recursos naturales es un tema que interesa especialmente a Brasil. Gran parte de la biodiversidad mundial, incluyendo el agua dulce, se halla en su territorio, lo que ha originado un aumento considerable de la presencia militar en sus fronteras. Sorpresivamente, Brasil es el país de Latinoamérica que más recursos ha invertido en armamento durante los últimos años.

Por su parte, la milicia venezolana juega un papel preponderante en la revolución bolivariana. Las fuerzas armadas constituyen el tronco castrense de aquel país, y al menos su apoyo técnico e intercambio estratégico es constante con naciones que actualmente se suman al eje socialista; como Bolivia, Ecuador, El Salvador y, por supuesto, Cuba. Pero no es todo, desde las reformas constitucionales del 2007 promovidas por el presidente Chávez, se autoriza la militarización ciudadana mediante grupos organizados que puedan defender la Revolución.

Recientemente vimos el regreso de los golpes de Estado militares. Aunque este virus pareció mutar en el caso de Honduras, pues a diferencia de los golpes de la década de los setenta y ochenta, no fueron los Estados Unidos quienes promovieron el tinglado, sino las clases medias-altas y élites políticas locales, temerosas de una posible reforma a la constitución que permitiera un mandato más del presidente Zelaya.

La militarización de América Latina no responde a geometrías o ideologías políticas en específico, tanto la derecha como la izquierda se han apoyado de manera importante en el ejército para cumplir sus objetivos; las fuerzas castrenses están adquiriendo un peso institucional peligroso para la estabilidad política del continente.

Es inevitable relacionar a los ejércitos con las tentaciones del autoritarismo y lo que ello acompaña: debilitamiento de las instituciones civiles, violaciones a los derechos humanos, coacción con fines políticos, confrontación social, y en general un deterioro de los valores democráticos.

Con todo, somos la región de mundo que menos invierte en armamento. Pero eso significa poco o nada cuando el poder ciudadano, las alternativas institucionales y la política en general, están sustituyéndose por los fusiles.

Fukuyama y el Plan Mérida

Hace veinte años el pensador norteamericano de ascendencia japonesa, Francis Fukuyama, publicó El fin de la historia y el último hombre, ensayo que se convertiría en uno de los libros más leídos por economistas, sociólogos y politólogos durante la década de los noventa.

En él, se asegura que con la caída del socialismo real, la democracia liberal de carácter capitalista se convertirá en la única aspiración política de los seres humanos. Para Fukuyama (basándose en una interpretación de Hegel), el motor de la historia es la búsqueda de mejores condiciones de vida, una pesquisa que provoca el movimiento, la lucha de clases, las aspiraciones políticas y económicas. Con la caída del bloque soviético se acabaron las utopías, y los hombres, en una suerte de resignación, optarían por su acomodo en el sistema del capitalismo liberal.

Muy pronto, la misma historia que Francis declaró finalizada, contradijo sus argumentos. El resurgimiento de regímenes populistas, socialistas, dictaduras militares y movimientos anti sistema, se encargaron de negar con la realidad una sentencia elaborada en las aulas.

Ahora Fukuyama resurge y lo hace opinando sobre México. Integrante de una comisión asesora de Obama, publicó hace una semanas, Mexico and drug wars, ensayo en el que afirma la necesidad de que Estados Unidos aumente los recursos destinados al Plan Mérida para el combate al narcotráfico en este lado de la frontera.

Fukuyama argumenta desde una postura autista, pues si bien reconoce que serían más funcionales estrategias alternativas que ataquen la demanda, como la legalización de algunas drogas, decide hacer oídos sordos y apegarse a la retórica clásica de pelear al narcotráfico por la vía de las armas.

Las ideas centrales de Mexico and drug wars se basan en los “buenos” resultados que el apoyo financiero arrojó en Colombia, sobre todo en materia de seguridad. Con ello, Francis parece olvidar que el inusual aumento en los índices delictivos en México se halla vinculado al combate frontal del crimen organizado. Los asesinatos, secuestros y desapariciones son la respuesta de las organizaciones criminales ante la estrategia del Estado. El remedio ha sido más costoso que la enfermedad.

El mismo Francis reconoce que de aprobarse mayores recursos para el Plan Mérida, existen muchas posibilidades de que aumente la de por sí indiscriminada venta de armas en Estados Unidos. Más aun: acepta que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe… y que de tanto exponer al ejército podrá llegar el momento en que este también se corrompa.

Y si Fukuyama está consiente de todos esos riesgos, de todos los flancos que el Plan Mérida deja al descubierto, por qué insistir en ellos. El argumento se encuentra al final del ensayo “nosotros no tenemos todas las respuestas para arreglar el sistema judicial mexicano, pero su estructura federal brinda un amplio espacio de maniobra para experimentar”. Es decir, si antes éramos considerados el patio trasero, ahora somos el laboratorio.

Sobre el Voto nulo (primera parte)

Este año electoral se ha revivido, aunque con mayor intensidad, la añeja campaña del Voto Nulo. Desde la primera reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles, han existido ciudadanos quienes, conscientes de sus derechos y en desacuerdo con las opciones políticas existentes, han decidido anular su voto. Desde entonces, la propuesta aumenta de forma lenta, pero paulatina, su número de adeptos.

Para el proceso electoral que se avecina la opción de anular el voto ha sido abanderada por un mayor número de sectores sociales. Varias son las razones, como múltiples los factores para explicar dicho comportamiento: el primero y más importante de ellos radica en la incapacidad real de los partidos políticos para representar los intereses ciudadanos.

Sin embargo, tampoco podemos soslayar el respaldo de los medios de comunicación, quienes, al haber perdido el enorme negocio que significaban las campañas políticas (recordemos que ahora tienen que donar su tiempo aire al IFE), se aprovechan de las necesidades legítimas de los ciudadanos para, una vez más, ser los pescadores en el río revuelto.

Me explico: es claro que los medios de comunicación han decidido, por vez primera, respaldar la campaña del voto nulo para desprestigiar a la partidocracia, decirle que su reforma electoral fue una porquería y regresar al viejo esquema en que los partidos derrochaban su presupuesto comprándoles anuncios publicitarios. Para ellos, lo que pase con la ciudadanía es secundario.

Pero regresemos a lo medular. Nadie puede negar que nuestro diseño institucional es débil, que la calidad de nuestros políticos deja mucho que desear y que la corrupción e impunidad imperan en el sistema político de nuestro país. La primera pregunta ante esta calamidad es si anular el voto solucionará dichos problemas.

Hay quienes contestarían sin chistar que sí, que por su puesto, como habrán quienes respondan que no, a secas. Y lo cierto es que hay argumentos interesantes de ambos lados, y lo cierto también es que una vez más, como académicos, como políticos, como ciudadanos de a pie, entre nosotros mismos, hemos sido incapaces de discutir sin polarizar, de debatir para construir. Algunos creen que anular el voto es el comienzo del magnifico movimiento ciudadano que habrá de cambiar las cosas. Otro tanto niega que la campaña del voto nulo sirva de algo.

Me parece que ambos se equivocan. Los procesos sociales son más complejos que una sentencia hueca al estilo de “hay que votar porque nos ha costado mucho construir la democracia” (que es tanto como decir trágate las lentejas aunque sepan horribles nomás porque las hizo tu mamá), o la contraria “tacha todos” (que paradójicamente, es un eslogan pegajoso pero no propositivo, igualito al de los políticos).

Algunos opinan que el voto nulo sólo servirá si se logra que muchos ciudadanos lo hagan. Discrepo, me parece que la eficacia de votar nulo no está en los números. Votar nulo servirá sí y sólo sí, existe una agenda ciudadana clara y comprometida más allá del día de las elecciones. Sí y sólo sí, quienes van a manifestar su desacuerdo anulando el 5 de julio, están dispuestos a seguir por el mismo camino de la responsabilidad ciudadana y apretar el paso al día siguiente, y al siguiente… Sí y sólo sí, elaboran una contrapropuesta clara de diseño institucional para cambiar las cosas, para garantizar que sean nuevos ciudadanos quienes ocupen los sitios que ha secuestrado la partidocracia.

Hasta el momento, yo sólo he visto a un sector social organizado para ello: los empresarios de los medios y un puñado de intelectuales, cuyas peticiones (curiosamente) ponen en el centro de la discusión la “ley de medios”. A la ciudadanía la veo encolerizada, ofendida, desilusionada; pero carente de una visión nítida de lo que se quiere para el futuro.

La izquierda en 2009: el riesgo de la cuerda floja

Eric Uribares

La izquierda institucional llegará muy débil a las elecciones intermedias del próximo mes de julio. Encuestas recientes señalan que las preferencias electorales a favor del PRD se encuentran cercanas a los 15 puntos porcentuales, menos de la mitad obtenidos en la controversial elección del 2006. Por su parte, tanto el PT y Convergencia, quienes forman la coalición “Salvemos a México”, como el Partido Socialdemócrata, aspiran a su sobrevivencia más que a liderar la próxima legislatura de la Cámara de Diputados.

Algunos factores que han propiciado esta situación son el conflicto entre las fracciones al interior del perredismo, pero también, la capacidad que ha tenido el PRI para reorganizarse, y el trabajo de Felipe Calderón, que ha sido mejor que el de su antecesor.

Las acciones tomadas por el movimiento de Resistencia Civil Pacífica encabezado por López Obrador, afianzó la estructura política del tabasqueño en algunos lugares de la república, sin embargo, distanció a los sectores de la población menos radicales, y quienes según los datos, han decidido mudar sus intenciones de voto a un priísmo que sabe hablarle a las clases medias, y a un panismo bendecido por los favores del gobierno federal.

Las próximas elecciones podrían arrojar un resultado en el que la suma total de los votos de la izquierda no supere el 25 por ciento. Sería un escenario catastrófico, sobre todo para un país con tantas desigualdades. Pero lo peor es que no sería injusto. La incapacidad de la izquierda para procesar sus decisiones de manera democrática, para aceptar la democracia como una impronta esencial de su proyecto político, es una vez más, el principal obstáculo para la viabilidad de sus objetivos.

La lucha por la dirigencia perredista, protagonizada por Alejandro Encinas y Jesús Ortega, arrojó dividendos negativos para ese partido. El año pasado sucedió lo mismo con el Partido Socialdemócrata, cuando su ex abanderada presidencial, Patricia Mercado, abandonó el proyecto tras ser derrotada en la contienda por la presidencia de ese instituto. Y tanto el PT, como Convergencia, aspiran a que la mano de López Obrador les regale los votos que no han podido construir en tantos años.

Ante esto, la derecha institucional y los sectores conservadores del país solidifican sus posturas. En meses recientes hemos visto un avance claro de la Iglesia en temas políticos, por ejemplo, o algunas asociaciones civiles que apoyan las políticas de tolerancia cero para combatir el crimen, desconociendo con ello que la delincuencia tiene sus cimientos en el roce diario de la pobreza con la riqueza, en la extrema desigualdad.

Sin embargo, quedan meses de contienda electoral, los más valiosos para los partidos políticos, donde pueden afianzar sus estrategias o venirse en picada. El perredismo debería hacerse sentir con propuestas sustentadas a futuro, en un proyecto de nación capaz de resolver la coyuntura, pero con una visión de largo alcance, en franca apuesta por la democracia y las instituciones. El Partido Socialdemócrata debe ser fiel a sus principios progresistas, a su ideario en defensa de las libertades. El PT y Convergencia tienen una oportunidad inigualable para construir partido y dejar de lado parasitismo que los ha caracterizado.

Crisis política, crisis económica

Las crisis económicas son cíclicas e inherentes al sistema económico mundial. Hace unas semanas el presidente Felipe Calderón declaró que la actual recesión no duraría para siempre. Tiene razón. Es probable que en un par de años el mundo salga del bache y recupere los niveles de crecimiento que tenía hace diez años, pero eventualmente se contraerá para después recuperar algo de lo perdido, y así sucesivamente.

Los apologistas del capitalismo a ultranza explican las crisis económicas como fenómenos cercanos a la metafísica, donde extraños entes financieros, ora americanos otrora asiáticos, cometen irresponsabilidades, errores de cálculo o planeación que llevan al caos a todos los sectores productivos y mercados bursátiles del mundo.

La premisa anterior es incorrecta. Las crisis no se originan por desaciertos de nadie, sino por acierto de muchos, son evidencia de que el modelo funciona con normalidad. Está hecho para eso. Los ciclos económicos del capitalismo necesitan de las recesiones y contracciones del sistema para autoregularse. La explicación es sencilla: nadie que esté ganando mucho dinero dejará de hacerlo ante la posibilidad real, pero impredecible, de que algún día el negocio se acabe.

De continuar con el actual modelo económico estamos condenados a un eterno círculo vicioso, a un sinuoso camino que degrada la vida y dignidad de millones de personas en el mundo y que concentra la riqueza en pocas manos. Los modelos económicos se instrumentan mediante las decisiones políticas. Para cambiar un modelo económico se necesita, por ende, transformar el sistema político.

Ante esto, existen al menos un par de problemas reales: los modelos alternativos que hasta el momento se han instrumentado, derivaciones del pensamiento marxista leninista en su mayoría, han demostrado su incapacidad para gobernar democráticamente y han optado por el camino de la confrontación abierta a un sistema que acaba cercándolos, disminuyéndolos, agotándolos.

América Latina está viviendo una oleada más de gobiernos con características socialistas (Bolivia, Ecuador, Venezuela y recientemente El Salvador) o socialdemócratas (Chile y Brasil). Los primeros, repiten algunos errores de los populismos latinoamericanos del siglo pasado: culto a la personalidad del líder (qué sería de la Revolución Bolivariana sin Chávez, qué sería del MAS sin Evo), corporativismo y desconocimiento de la disidencia política.

Los socialdemócratas, o gobiernos de izquierda democrática, han avanzado en algunos rubros, tales como educación y crecimiento económico; pero tienen pendientes los problemas más importantes: el abatimiento de las desigualdades y la erradicación de la pobreza. Y difícilmente tendrán un saldo positivo en estos rubros porque nunca se han planteado un cambio significativo de los modelos económico-políticos y, por lo tanto, continúan siendo presas de la dinámica del capitalismo.

Desgraciadamente, los retos políticos son los mismos que hace setenta años: gobernar procurando la igualdad pero respetando las libertades individuales, y apostando por una democracia más ciudadana y menos caudillista. Los retos son los mismos, pero el tiempo se agota.

Fumemos la pipa de la paz (última entrega)

En esta tercera y última entrega sobre la regulación del mercado de las drogas, ubicaré el estado actual de la legislación mexicana con respecto a las sustancias lícitas e ilícitas, y también las iniciativas de ley que actualmente se analizan en el legislativo.

En México existen drogas lícitas cuya compra y venta a mayores de edad no tiene ninguna restricción, tal es el caso del alcohol y tabaco. Sin embargo, la Ley General de Salud contempla otras sustancias catalogadas como un peligro para la salud pública, pero que, dado su valor terapéutico, tienen permitida la venta bajo estricto control médico, tal es el caso de tranquilizantes derivados del Diacepam, las benzodiacepinas y los derivados de la morfina y opiáceos, un poco más de 50 sustancias en total.

Por ultimo, están aquellas sustancias consideradas peligrosas para la salud y sin ningún valor terapéutico, en este grupo se hallan juntos la marihuana, heroína, alucinógenos y cocaína, entre otros.

La regulación del mercado de las drogas, y como primer paso, de la cannabis, necesita un estatus jurídico que permita su comercialización y producción de manera diferente a la de cualquier sustancia lícita. La cannabis no podría venderse como el alcohol o tabaco en cualquier tienda (principalmente porque sabemos que los menores de edad tendrían fácil acceso a ella), pero tampoco adquirirse únicamente bajo receta médica (pues tiene uso medicinal aún poco explorado y también un uso recreativo).

En México existe la tendencia hacia la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y otras sustancias. La primera propuesta al respecto se hizo durante la administración Fox, misma que fue aprobada por los legisladores pero regresada a revisión por parte del Ejecutivo. Hasta entonces se mantiene congelada en comisiones. Recientemente, el presidente Calderón planteó la posibilidad de no procesar a quienes portaran como máximo 5 gramos de marihuana. Soluciones parecidas han propuesto en el Congreso las bancadas del PRD y el Partido Socialdemócrata.

De aprobarse alguna de las iniciativas, estaríamos hablando de una solución parcial y poco eficaz ante el reto que significa tanto el narcotráfico, como los problemas de salud ocasionados por las drogas. Despenalizar sólo la portación de pequeñas cantidades de algunas sustancias y no regular completamente el mercado de las mismas, significa mantener intacto el negocio de los narcotraficantes, y tolerar (que no respetar) la libertad de consumir una sustancia que seguiría considerándose ilícita. A eso, habría que añadir la falta de un Plan Nacional contra las Adicciones, mismo que debe ser fundamental en cualquier legislación que se pretenda integral.

Una legislación en torno a la regulación de cualquier sustancia con potencial adictivo debe procurar todos los ámbitos que conciernen al mercado, de lo contrario, las alternativas podrían no tener el impacto adecuado.

Cada día son más los consumidores de drogas y aumenta el número de adictos en el mundo. Ninguna legislación prohibitiva ha dado resultado en ningún país. Por el contrario, las mafias se internacionalizan y fortalecen, convirtiéndose en amenazas tangibles para la seguridad nacional y la democracia. Es tiempo de intentar alternativas responsables. La regulación del mercado de las drogas es una de ellas.

Fumemos la pipa de la paz (segunda entrega)

En la primera entrega de esta serie hablé sobre el narcotráfico y sus tentáculos, y del por qué regular el mercado de las drogas es la mejor alternativa para combatirlos. Dije también que despenalizar la marihuana debería ser el primer paso. Al respecto, existen algunos falsos debates y creencias erróneas que a continuación abordaré:


Regular el mercado de la marihuana haría que mucha más gente la fumara.

En los países donde se ha despenalizado la marihuana no ha aumentado considerablemente su consumo. El caso de Holanda, donde se reguló el mercado de drogas blandas, es una clara muestra de ello. El resultado de esta política ha sido contener el avance de las llamadas drogas duras, de modo tal que es el país de Europa con menos adictos a ellas (13 por cada mil habitantes, frente a una media europea de 26) y la de mantener los niveles de consumo de cannabis notablemente estables e inferiores a la de sus vecinos europeos. Por ejemplo, la proporción de consumidores en Holanda de entre 13 y 25 años es inferior en 5 puntos a la alemana, mientras que sus consumidores habituales representan menos del 2% de la población, cifra muy inferior al promedio europeo. Adicionalmente, el 75% de los adultos no la ha probado nunca, y ello a pesar de la existencia de un mercado legal y regulado para su compraventa.
Esto sucede porque en la actualidad es tan fácil comprar drogas, que quien quiere fumarse un cigarrillo de marihuana lo hará, independientemente de si es o no lícito; segundo y más importante, es que el Estado disminuye de manera considerable la inversión en policías y armamento para destinarlo en serias campañas de prevención.


La marihuana causa graves daños a la salud

La gravedad o peligrosidad de algo se define con relación a otro sujeto u objeto. En este caso, habría que preguntarse si la marihuana causa más daño que las drogas blandas que son lícitas, como el alcohol, tabaco o drogas de farmacopea, como anfetaminas y benzodiacepinas.
Se sabe que el potencial adictivo de la marihuana es menor al de la nicotina y alcohol. Se sabe también que el mayor daño físico de los consumidores de cannabis se halla a nivel pulmonar, ya que aumenta en 8% el riesgo de desarrollar Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); no obstante, tratándose del tabaco, la posibilidad de desarrollar la enfermedad es de 30 a 35%.


Regular el mercado de la cannabis hará de México un paraíso lícito para los consumidores de marihuana en el mundo

Actualmente somos el paraíso de los narcotraficantes, la marihuana mexicana está enriqueciendo a muchos y es consumida por otros tantos en el mundo. Nuestro país es el principal productor de marihuana.
Regular el mercado de la cannabis no significa sólo despenalizar su consumo y portación. Implica modificar varias leyes y reglamentar su producción, consumo, portación, venta y publicidad.
Podría darse el caso que sólo una parte de la producción de cannabis se destine al uso recreativo, y en cambio se potencie el uso del cáñamo, se avance en los campos médicos, habría muchos laboratorios interesados en establecerse aquí para hacer investigación, según algunos científicos, es altamente probable que la nueva generación de antidepresivos provenga de neurotransmisores estimulados por tetracanabinoides.

Fumemos la pipa de la paz (primera entrega)

La seguridad pública y el combate al crimen organizado son temas prioritarios para la actual administración del gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el Estado mexicano está perdiendo esta batalla. Así lo demuestran los números: más de 4 mil muertos en 2008 y 1164 en lo que va del año, un promedio de 22 asesinatos por día, entre los que se encuentran mandos policiales pero también civiles inocentes.

La estrategia de las armas, la estrategia de los balazos, es, aparte de inútil, contraproducente. No se puede combatir al narcotráfico exclusivamente con métodos policiales. Las razones son las siguientes:

Primero: El crimen organizado ha logrado infiltrarse entre los mandos medios y altos de los cuerpos policiales, es decir, no se puede combatir al narcotráfico con policías cuando se tiene una autoridad corrupta que propicia la impunidad.

Segundo: La capacidad organizativa, logística, operativa y financiera del crimen organizado es de mucho mayor eficacia que la capacidad operativa de los servicios de inteligencia; así lo demuestran su sistema de escalonamiento de liderazgos al interior de las células delictivas, las dinámicas para repartirse las plazas de venta y la forma de rehacerse y rearmarse cuando sufren golpes por parte de las fuerzas de seguridad.

Tercero: En algunos sitios de la República, los narcotraficantes tienen más legitimidad que las autoridades. Su poder financiero, capacidad de gestión y su arraigo en ciertas comunidades, les ha otorgado un liderazgo que, a menudo, crea un poder paralelo, tácito, que se aprovecha de los huecos y carencias del Estado, y sustituye a éste.

Los narcotraficantes existen porque el comercio de drogas es rentable. Los narcotraficantes se alimentan de la prohibición. Si la venta, el consumo y la posesión de drogas fueran legales, si, por ejemplo, la marihuana se pudiera comprar de manera lícita en un establecimiento específico para ello, entonces nadie acudiría con los narcos. Éstos verían reducidas significativamente sus ganancias, y con ello, la viabilidad de su negocio estaría en entre dicho.

La despenalización de la marihuana debería ser el primer paso en el camino de la regulación del mercado de las drogas. Es un falso debate condicionar la despenalización de la cannabis a tener estudios sólidos que demuestren si hace o no daño, si causa o no adicción. Las preguntas deberían ser otras, y para algunas ya existen respuestas. Deberíamos cuestionar si la marihuana hace más o menos daño que el alcohol, más o menos daño que el tabaco; si acaso el Estado tiene derecho a decir qué consumimos y qué no consumimos; y más aún, si el daño que causan las drogas justifica su prohibición, y con ello, los millones de dólares y las vidas perdidas en su combate.

La pena que da pena

No hay estudios suficientemente sólidos que demuestren la eficacia de la pena de muerte para reducir los índices de criminalidad. Por esa razón, la mayoría de los países democráticos han abolido esta medida, o bien, aunque sus legislaciones la contemplen, nunca la han aplicado.

En México, el Partido Verde y algunos legisladores del PRI, suscribieron hace unas semanas una iniciativa que pretende reinstalar la pena de muerte en nuestro marco jurídico. Cabe recordar que apenas en el 2005 dejamos de pertenecer al pequeño grupo de países como EUA, Nepal, China, Yemen o Congo que aún la permiten. De restablecerla, nos agruparíamos con Papúa Nueva Guinea, Gambia y Filipinas.

Es cierto que estamos atravesando por el momento con mayor índice de criminalidad en la historia moderna de nuestro país, y que cada vez es mayor el número de delitos cometidos con violencia extrema. El origen de estos problemas se halla en dos grandes tipos de causas: aquellas derivadas de la descomposición del tejido social producto de las desigualdades existentes, y las relacionadas con las fallas estructurales del sistema de procuración e impartición de justicia.

La impunidad y la corrupción de los cuerpos policiales son el principal lastre del sistema de justicia en México. Aunado a eso está la ineficacia de los procesos, las irregularidades en los centros penitenciarios y la criminalización de la pobreza. En nuestro país la cárcel está llena de pobres, tener recursos para un abogado puede ser la diferencia entre libertad y prisión. De aprobarse la pena capital, la pobreza podría ser la diferencia entre vida y muerte.

Además, aprobar esta pena conllevaría un desgaste político y un procedimiento institucional de suyo complejo, que necesitaría la aprobación de la medida por los congresos estatales. No queda más que pensar que la propuesta es meramente electoral y mediática.

Resultaría más laborioso, pero daría resultados tangibles, encaminar los esfuerzos del Estado a combatir el crimen mejorando los puntos nodales del sistema de procuración e impartición de justicia. Habría que darle una dimensión distinta y eficaz a la readaptación social, de tal forma que el tiempo en la cárcel resultase provechoso para quienes cumplieron una condena.

Es fundamental agilizar los procesos y acelerar la implementación de los juicios orales en todo el país. Avanzar hacia la unificación de los mandos policiales para que exista una policía nacional, con jurisdicción en todos los estados y en todos los municipios, de tal forma que haya una sola base de datos, criterios y procedimientos.

Pero quizá el argumento de mayor peso en contra de la pena capital debería ser que, de aprobarse, el Estado aceptaría que sólo puede resolver ciertos problemas mediante el uso de la fuerza, y en este caso, de su expresión más contundente y menos democrática, por irreversible, por inhumana.

IFE vs Televisoras: una novela electoral

Hace un par de semanas escribí en este espacio acerca de las nuevas reglas electorales y la prohibición para que los partidos o particulares contrataran publicidad política. Dije también que la medida significó un fuerte golpe para las finanzas de los dueños de los medios.

Desde entonces han ocurrido varias cosas: el IFE dictó unos lineamientos para que los medios de comunicación procuraran la equidad política en los espacios informativos y evitaran la promoción política disfrazada de funcionarios públicos en programas para señoras. Tal documento fue la gota que derramó el vaso y, con ello, las televisoras desde antes resentidas emprendieron la ofensiva.

El 31 de enero, fecha en que inició la transmisión de spots que ahora el IFE controla, las televisoras decidieron agrupar bloques de 3 a 5 minutos de anuncios políticos (en lugar de repartirlos a lo largo del día, intercalados como cualquier otro anuncio) y transmitirlos a la mitad de los programas con mayor rating. De esta forma, los televidentes vieron interrumpidos eventos como el super bowl o los partidos de futbol. En palabras de un senador, las acciones de los dueños de los medios tienen un objetivo muy claro: “asumir el discurso antipolítica, antipartido y anticongreso que busca desacreditar las instituciones en aras de los intereses comerciales”. Suscribo totalmente la sentencia.

Desde siempre, en este país los medios de comunicación han estado bajo laxo control por parte del Estado. Hay que cambiar eso, no se trata de censurarlos, sino de que cumplan la función social a la que están obligados por usufructuar, y obtener buenas ganancias de ello, una concesión (el tiempo en radio y tv) que nos pertenece a todos.

Sin embargo, algo que caracteriza a las democracias, por jóvenes que sean, es que las instituciones adquieren solidez legal y legítima por encima de la legalidad y legitimidad que pudiesen tener los poderes fácticos, como el de los medios. Para cuando este artículo se publique el IFE habrá resuelto si sanciona o no, a Televisa, TV Azteca, Sky y Cablevisión. El asunto podría terminar en la Corte, especialmente porque la televisora de Chapultepec presentó un amparo en el que se está jugando mucho dinero y por el que ha movido su aparato jurídico y de cabildeo.

Los consejeros del IFE, magistrados del Tribunal Electoral, ministros de la Suprema Corte y diputados, no deberían arredrarse ante el reto de los dueños de los medios, más aún, si acaso encuentran vacíos legales, los pasos deben darse hacia adelante, en busca de la perfección jurídica y del fortalecimiento institucional, nunca en retroceso y a favor de los poderes paralelos a las instituciones.

Es momento de revisar la Ley Federal de Radio y Televisión y atender especialmente la forma en que se están otorgando las concesiones. La democracia debe extenderse mas allá de los partidos y congresos, más allá de los espacios que habitualmente están dispuestos para ella. La radio y la televisión de este país deben dejar de pertenecer a unos cuantos.

La nueva ley electoral o del por qué los gobernadores aprendieron a cocinar

La última reforma electoral se pondrá a prueba en las elecciones del próximo julio que, al menos en el papel, serán las más equitativas de nuestra joven democracia. La ley electoral vigente regula los periodos de campañas y precampañas, avanzó en materia de fiscalización al dinero de los partidos, y prohibió que éstos contrataran publicidad en radio y televisión. Esta última es, sin duda, la medida que mayor controversia ha causado.

Los detractores de la nueva regla del juego argumentan que impedir a partidos y particulares que contraten publicidad con fines de promoción política es una falta a la libertad de expresión. La idea es incorrecta. Todo Estado regula el contenido de sus programas de televisión y radio. Todos. En algunos países está prohibido divulgar escenas violentas, por ejemplo, y nadie pone en tela de juicio la libertad de expresión.

Es cierto que la medida es un tanto extrema y quizá no habría necesidad de implementarla en una democracia sólida y madura, con instituciones y procesos intachables. Pero también es cierto que los comicios del 2006 fueron muy cuestionados. El origen y cantidad de recursos invertidos en propaganda en radio y televisión abonaron en gran parte al hermetismo y desconfianza del proceso en general.

Prohibir la contratación de publicidad política significa un duro golpe para los dueños de los medios de comunicación, pero supuso el manejo financiero y político de una situación que se había salido de control. Además, la medida contribuirá a la equidad del proceso, ya que ahora el IFE será quien administre y reparta el tiempo oficial en radio y televisión al que tienen derecho los partidos. Antes accedía a estos medios quien más gorda tuviera la billetera, ahora hay reglas claras para ello. El tiempo en radio y televisión se reparte de la siguiente manera: 30% del total de forma igualitaria entre todos los partidos; y el 70% restante, equitativamente de acuerdo al número de votos obtenido en la última elección.

La eficacia de la disposición se evaluará, como todo el proceso, después del 5 de julio, fecha en que se renovarán los 500 diputados del Congreso de la Unión. Sin embargo, podemos ver los primeros resultados: hace tres años, por estos tiempos, el bombardeo publicitario era ofensivo. Hoy es discreto. Efectivo quizá. Aunque mañosos hay en todos lados y no hay legislación inviolable. Ahora se contrata publicidad política disfrazada de gobernador cocinando en programa para señoras, o diputado que se parte la cara y va con el doctor de la telenovela de las diez. En fin, no quiero dar más ideas.

Falta mucho para que nuestros procesos electorales sean justos y equitativos. La próxima legislatura debería abordar el tema del dinero a los partidos. Los presupuestos asignados son muy altos, nuestra democracia es muy cara y el problema no está en las instituciones electorales. Hay que disminuir los recursos de los partidos y repartir mejor ese presupuesto.