Hace un par de semanas escribí en este espacio acerca de las nuevas reglas electorales y la prohibición para que los partidos o particulares contrataran publicidad política. Dije también que la medida significó un fuerte golpe para las finanzas de los dueños de los medios.
Desde entonces han ocurrido varias cosas: el IFE dictó unos lineamientos para que los medios de comunicación procuraran la equidad política en los espacios informativos y evitaran la promoción política disfrazada de funcionarios públicos en programas para señoras. Tal documento fue la gota que derramó el vaso y, con ello, las televisoras desde antes resentidas emprendieron la ofensiva.
El 31 de enero, fecha en que inició la transmisión de spots que ahora el IFE controla, las televisoras decidieron agrupar bloques de 3 a 5 minutos de anuncios políticos (en lugar de repartirlos a lo largo del día, intercalados como cualquier otro anuncio) y transmitirlos a la mitad de los programas con mayor rating. De esta forma, los televidentes vieron interrumpidos eventos como el super bowl o los partidos de futbol. En palabras de un senador, las acciones de los dueños de los medios tienen un objetivo muy claro: “asumir el discurso antipolítica, antipartido y anticongreso que busca desacreditar las instituciones en aras de los intereses comerciales”. Suscribo totalmente la sentencia.
Desde siempre, en este país los medios de comunicación han estado bajo laxo control por parte del Estado. Hay que cambiar eso, no se trata de censurarlos, sino de que cumplan la función social a la que están obligados por usufructuar, y obtener buenas ganancias de ello, una concesión (el tiempo en radio y tv) que nos pertenece a todos.
Sin embargo, algo que caracteriza a las democracias, por jóvenes que sean, es que las instituciones adquieren solidez legal y legítima por encima de la legalidad y legitimidad que pudiesen tener los poderes fácticos, como el de los medios. Para cuando este artículo se publique el IFE habrá resuelto si sanciona o no, a Televisa, TV Azteca, Sky y Cablevisión. El asunto podría terminar en la Corte, especialmente porque la televisora de Chapultepec presentó un amparo en el que se está jugando mucho dinero y por el que ha movido su aparato jurídico y de cabildeo.
Los consejeros del IFE, magistrados del Tribunal Electoral, ministros de la Suprema Corte y diputados, no deberían arredrarse ante el reto de los dueños de los medios, más aún, si acaso encuentran vacíos legales, los pasos deben darse hacia adelante, en busca de la perfección jurídica y del fortalecimiento institucional, nunca en retroceso y a favor de los poderes paralelos a las instituciones.
Es momento de revisar la Ley Federal de Radio y Televisión y atender especialmente la forma en que se están otorgando las concesiones. La democracia debe extenderse mas allá de los partidos y congresos, más allá de los espacios que habitualmente están dispuestos para ella. La radio y la televisión de este país deben dejar de pertenecer a unos cuantos.
