La izquierda en 2009: el riesgo de la cuerda floja

Eric Uribares

La izquierda institucional llegará muy débil a las elecciones intermedias del próximo mes de julio. Encuestas recientes señalan que las preferencias electorales a favor del PRD se encuentran cercanas a los 15 puntos porcentuales, menos de la mitad obtenidos en la controversial elección del 2006. Por su parte, tanto el PT y Convergencia, quienes forman la coalición “Salvemos a México”, como el Partido Socialdemócrata, aspiran a su sobrevivencia más que a liderar la próxima legislatura de la Cámara de Diputados.

Algunos factores que han propiciado esta situación son el conflicto entre las fracciones al interior del perredismo, pero también, la capacidad que ha tenido el PRI para reorganizarse, y el trabajo de Felipe Calderón, que ha sido mejor que el de su antecesor.

Las acciones tomadas por el movimiento de Resistencia Civil Pacífica encabezado por López Obrador, afianzó la estructura política del tabasqueño en algunos lugares de la república, sin embargo, distanció a los sectores de la población menos radicales, y quienes según los datos, han decidido mudar sus intenciones de voto a un priísmo que sabe hablarle a las clases medias, y a un panismo bendecido por los favores del gobierno federal.

Las próximas elecciones podrían arrojar un resultado en el que la suma total de los votos de la izquierda no supere el 25 por ciento. Sería un escenario catastrófico, sobre todo para un país con tantas desigualdades. Pero lo peor es que no sería injusto. La incapacidad de la izquierda para procesar sus decisiones de manera democrática, para aceptar la democracia como una impronta esencial de su proyecto político, es una vez más, el principal obstáculo para la viabilidad de sus objetivos.

La lucha por la dirigencia perredista, protagonizada por Alejandro Encinas y Jesús Ortega, arrojó dividendos negativos para ese partido. El año pasado sucedió lo mismo con el Partido Socialdemócrata, cuando su ex abanderada presidencial, Patricia Mercado, abandonó el proyecto tras ser derrotada en la contienda por la presidencia de ese instituto. Y tanto el PT, como Convergencia, aspiran a que la mano de López Obrador les regale los votos que no han podido construir en tantos años.

Ante esto, la derecha institucional y los sectores conservadores del país solidifican sus posturas. En meses recientes hemos visto un avance claro de la Iglesia en temas políticos, por ejemplo, o algunas asociaciones civiles que apoyan las políticas de tolerancia cero para combatir el crimen, desconociendo con ello que la delincuencia tiene sus cimientos en el roce diario de la pobreza con la riqueza, en la extrema desigualdad.

Sin embargo, quedan meses de contienda electoral, los más valiosos para los partidos políticos, donde pueden afianzar sus estrategias o venirse en picada. El perredismo debería hacerse sentir con propuestas sustentadas a futuro, en un proyecto de nación capaz de resolver la coyuntura, pero con una visión de largo alcance, en franca apuesta por la democracia y las instituciones. El Partido Socialdemócrata debe ser fiel a sus principios progresistas, a su ideario en defensa de las libertades. El PT y Convergencia tienen una oportunidad inigualable para construir partido y dejar de lado parasitismo que los ha caracterizado.

Crisis política, crisis económica

Las crisis económicas son cíclicas e inherentes al sistema económico mundial. Hace unas semanas el presidente Felipe Calderón declaró que la actual recesión no duraría para siempre. Tiene razón. Es probable que en un par de años el mundo salga del bache y recupere los niveles de crecimiento que tenía hace diez años, pero eventualmente se contraerá para después recuperar algo de lo perdido, y así sucesivamente.

Los apologistas del capitalismo a ultranza explican las crisis económicas como fenómenos cercanos a la metafísica, donde extraños entes financieros, ora americanos otrora asiáticos, cometen irresponsabilidades, errores de cálculo o planeación que llevan al caos a todos los sectores productivos y mercados bursátiles del mundo.

La premisa anterior es incorrecta. Las crisis no se originan por desaciertos de nadie, sino por acierto de muchos, son evidencia de que el modelo funciona con normalidad. Está hecho para eso. Los ciclos económicos del capitalismo necesitan de las recesiones y contracciones del sistema para autoregularse. La explicación es sencilla: nadie que esté ganando mucho dinero dejará de hacerlo ante la posibilidad real, pero impredecible, de que algún día el negocio se acabe.

De continuar con el actual modelo económico estamos condenados a un eterno círculo vicioso, a un sinuoso camino que degrada la vida y dignidad de millones de personas en el mundo y que concentra la riqueza en pocas manos. Los modelos económicos se instrumentan mediante las decisiones políticas. Para cambiar un modelo económico se necesita, por ende, transformar el sistema político.

Ante esto, existen al menos un par de problemas reales: los modelos alternativos que hasta el momento se han instrumentado, derivaciones del pensamiento marxista leninista en su mayoría, han demostrado su incapacidad para gobernar democráticamente y han optado por el camino de la confrontación abierta a un sistema que acaba cercándolos, disminuyéndolos, agotándolos.

América Latina está viviendo una oleada más de gobiernos con características socialistas (Bolivia, Ecuador, Venezuela y recientemente El Salvador) o socialdemócratas (Chile y Brasil). Los primeros, repiten algunos errores de los populismos latinoamericanos del siglo pasado: culto a la personalidad del líder (qué sería de la Revolución Bolivariana sin Chávez, qué sería del MAS sin Evo), corporativismo y desconocimiento de la disidencia política.

Los socialdemócratas, o gobiernos de izquierda democrática, han avanzado en algunos rubros, tales como educación y crecimiento económico; pero tienen pendientes los problemas más importantes: el abatimiento de las desigualdades y la erradicación de la pobreza. Y difícilmente tendrán un saldo positivo en estos rubros porque nunca se han planteado un cambio significativo de los modelos económico-políticos y, por lo tanto, continúan siendo presas de la dinámica del capitalismo.

Desgraciadamente, los retos políticos son los mismos que hace setenta años: gobernar procurando la igualdad pero respetando las libertades individuales, y apostando por una democracia más ciudadana y menos caudillista. Los retos son los mismos, pero el tiempo se agota.

Fumemos la pipa de la paz (última entrega)

En esta tercera y última entrega sobre la regulación del mercado de las drogas, ubicaré el estado actual de la legislación mexicana con respecto a las sustancias lícitas e ilícitas, y también las iniciativas de ley que actualmente se analizan en el legislativo.

En México existen drogas lícitas cuya compra y venta a mayores de edad no tiene ninguna restricción, tal es el caso del alcohol y tabaco. Sin embargo, la Ley General de Salud contempla otras sustancias catalogadas como un peligro para la salud pública, pero que, dado su valor terapéutico, tienen permitida la venta bajo estricto control médico, tal es el caso de tranquilizantes derivados del Diacepam, las benzodiacepinas y los derivados de la morfina y opiáceos, un poco más de 50 sustancias en total.

Por ultimo, están aquellas sustancias consideradas peligrosas para la salud y sin ningún valor terapéutico, en este grupo se hallan juntos la marihuana, heroína, alucinógenos y cocaína, entre otros.

La regulación del mercado de las drogas, y como primer paso, de la cannabis, necesita un estatus jurídico que permita su comercialización y producción de manera diferente a la de cualquier sustancia lícita. La cannabis no podría venderse como el alcohol o tabaco en cualquier tienda (principalmente porque sabemos que los menores de edad tendrían fácil acceso a ella), pero tampoco adquirirse únicamente bajo receta médica (pues tiene uso medicinal aún poco explorado y también un uso recreativo).

En México existe la tendencia hacia la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y otras sustancias. La primera propuesta al respecto se hizo durante la administración Fox, misma que fue aprobada por los legisladores pero regresada a revisión por parte del Ejecutivo. Hasta entonces se mantiene congelada en comisiones. Recientemente, el presidente Calderón planteó la posibilidad de no procesar a quienes portaran como máximo 5 gramos de marihuana. Soluciones parecidas han propuesto en el Congreso las bancadas del PRD y el Partido Socialdemócrata.

De aprobarse alguna de las iniciativas, estaríamos hablando de una solución parcial y poco eficaz ante el reto que significa tanto el narcotráfico, como los problemas de salud ocasionados por las drogas. Despenalizar sólo la portación de pequeñas cantidades de algunas sustancias y no regular completamente el mercado de las mismas, significa mantener intacto el negocio de los narcotraficantes, y tolerar (que no respetar) la libertad de consumir una sustancia que seguiría considerándose ilícita. A eso, habría que añadir la falta de un Plan Nacional contra las Adicciones, mismo que debe ser fundamental en cualquier legislación que se pretenda integral.

Una legislación en torno a la regulación de cualquier sustancia con potencial adictivo debe procurar todos los ámbitos que conciernen al mercado, de lo contrario, las alternativas podrían no tener el impacto adecuado.

Cada día son más los consumidores de drogas y aumenta el número de adictos en el mundo. Ninguna legislación prohibitiva ha dado resultado en ningún país. Por el contrario, las mafias se internacionalizan y fortalecen, convirtiéndose en amenazas tangibles para la seguridad nacional y la democracia. Es tiempo de intentar alternativas responsables. La regulación del mercado de las drogas es una de ellas.

Fumemos la pipa de la paz (segunda entrega)

En la primera entrega de esta serie hablé sobre el narcotráfico y sus tentáculos, y del por qué regular el mercado de las drogas es la mejor alternativa para combatirlos. Dije también que despenalizar la marihuana debería ser el primer paso. Al respecto, existen algunos falsos debates y creencias erróneas que a continuación abordaré:


Regular el mercado de la marihuana haría que mucha más gente la fumara.

En los países donde se ha despenalizado la marihuana no ha aumentado considerablemente su consumo. El caso de Holanda, donde se reguló el mercado de drogas blandas, es una clara muestra de ello. El resultado de esta política ha sido contener el avance de las llamadas drogas duras, de modo tal que es el país de Europa con menos adictos a ellas (13 por cada mil habitantes, frente a una media europea de 26) y la de mantener los niveles de consumo de cannabis notablemente estables e inferiores a la de sus vecinos europeos. Por ejemplo, la proporción de consumidores en Holanda de entre 13 y 25 años es inferior en 5 puntos a la alemana, mientras que sus consumidores habituales representan menos del 2% de la población, cifra muy inferior al promedio europeo. Adicionalmente, el 75% de los adultos no la ha probado nunca, y ello a pesar de la existencia de un mercado legal y regulado para su compraventa.
Esto sucede porque en la actualidad es tan fácil comprar drogas, que quien quiere fumarse un cigarrillo de marihuana lo hará, independientemente de si es o no lícito; segundo y más importante, es que el Estado disminuye de manera considerable la inversión en policías y armamento para destinarlo en serias campañas de prevención.


La marihuana causa graves daños a la salud

La gravedad o peligrosidad de algo se define con relación a otro sujeto u objeto. En este caso, habría que preguntarse si la marihuana causa más daño que las drogas blandas que son lícitas, como el alcohol, tabaco o drogas de farmacopea, como anfetaminas y benzodiacepinas.
Se sabe que el potencial adictivo de la marihuana es menor al de la nicotina y alcohol. Se sabe también que el mayor daño físico de los consumidores de cannabis se halla a nivel pulmonar, ya que aumenta en 8% el riesgo de desarrollar Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); no obstante, tratándose del tabaco, la posibilidad de desarrollar la enfermedad es de 30 a 35%.


Regular el mercado de la cannabis hará de México un paraíso lícito para los consumidores de marihuana en el mundo

Actualmente somos el paraíso de los narcotraficantes, la marihuana mexicana está enriqueciendo a muchos y es consumida por otros tantos en el mundo. Nuestro país es el principal productor de marihuana.
Regular el mercado de la cannabis no significa sólo despenalizar su consumo y portación. Implica modificar varias leyes y reglamentar su producción, consumo, portación, venta y publicidad.
Podría darse el caso que sólo una parte de la producción de cannabis se destine al uso recreativo, y en cambio se potencie el uso del cáñamo, se avance en los campos médicos, habría muchos laboratorios interesados en establecerse aquí para hacer investigación, según algunos científicos, es altamente probable que la nueva generación de antidepresivos provenga de neurotransmisores estimulados por tetracanabinoides.

Fumemos la pipa de la paz (primera entrega)

La seguridad pública y el combate al crimen organizado son temas prioritarios para la actual administración del gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el Estado mexicano está perdiendo esta batalla. Así lo demuestran los números: más de 4 mil muertos en 2008 y 1164 en lo que va del año, un promedio de 22 asesinatos por día, entre los que se encuentran mandos policiales pero también civiles inocentes.

La estrategia de las armas, la estrategia de los balazos, es, aparte de inútil, contraproducente. No se puede combatir al narcotráfico exclusivamente con métodos policiales. Las razones son las siguientes:

Primero: El crimen organizado ha logrado infiltrarse entre los mandos medios y altos de los cuerpos policiales, es decir, no se puede combatir al narcotráfico con policías cuando se tiene una autoridad corrupta que propicia la impunidad.

Segundo: La capacidad organizativa, logística, operativa y financiera del crimen organizado es de mucho mayor eficacia que la capacidad operativa de los servicios de inteligencia; así lo demuestran su sistema de escalonamiento de liderazgos al interior de las células delictivas, las dinámicas para repartirse las plazas de venta y la forma de rehacerse y rearmarse cuando sufren golpes por parte de las fuerzas de seguridad.

Tercero: En algunos sitios de la República, los narcotraficantes tienen más legitimidad que las autoridades. Su poder financiero, capacidad de gestión y su arraigo en ciertas comunidades, les ha otorgado un liderazgo que, a menudo, crea un poder paralelo, tácito, que se aprovecha de los huecos y carencias del Estado, y sustituye a éste.

Los narcotraficantes existen porque el comercio de drogas es rentable. Los narcotraficantes se alimentan de la prohibición. Si la venta, el consumo y la posesión de drogas fueran legales, si, por ejemplo, la marihuana se pudiera comprar de manera lícita en un establecimiento específico para ello, entonces nadie acudiría con los narcos. Éstos verían reducidas significativamente sus ganancias, y con ello, la viabilidad de su negocio estaría en entre dicho.

La despenalización de la marihuana debería ser el primer paso en el camino de la regulación del mercado de las drogas. Es un falso debate condicionar la despenalización de la cannabis a tener estudios sólidos que demuestren si hace o no daño, si causa o no adicción. Las preguntas deberían ser otras, y para algunas ya existen respuestas. Deberíamos cuestionar si la marihuana hace más o menos daño que el alcohol, más o menos daño que el tabaco; si acaso el Estado tiene derecho a decir qué consumimos y qué no consumimos; y más aún, si el daño que causan las drogas justifica su prohibición, y con ello, los millones de dólares y las vidas perdidas en su combate.

La pena que da pena

No hay estudios suficientemente sólidos que demuestren la eficacia de la pena de muerte para reducir los índices de criminalidad. Por esa razón, la mayoría de los países democráticos han abolido esta medida, o bien, aunque sus legislaciones la contemplen, nunca la han aplicado.

En México, el Partido Verde y algunos legisladores del PRI, suscribieron hace unas semanas una iniciativa que pretende reinstalar la pena de muerte en nuestro marco jurídico. Cabe recordar que apenas en el 2005 dejamos de pertenecer al pequeño grupo de países como EUA, Nepal, China, Yemen o Congo que aún la permiten. De restablecerla, nos agruparíamos con Papúa Nueva Guinea, Gambia y Filipinas.

Es cierto que estamos atravesando por el momento con mayor índice de criminalidad en la historia moderna de nuestro país, y que cada vez es mayor el número de delitos cometidos con violencia extrema. El origen de estos problemas se halla en dos grandes tipos de causas: aquellas derivadas de la descomposición del tejido social producto de las desigualdades existentes, y las relacionadas con las fallas estructurales del sistema de procuración e impartición de justicia.

La impunidad y la corrupción de los cuerpos policiales son el principal lastre del sistema de justicia en México. Aunado a eso está la ineficacia de los procesos, las irregularidades en los centros penitenciarios y la criminalización de la pobreza. En nuestro país la cárcel está llena de pobres, tener recursos para un abogado puede ser la diferencia entre libertad y prisión. De aprobarse la pena capital, la pobreza podría ser la diferencia entre vida y muerte.

Además, aprobar esta pena conllevaría un desgaste político y un procedimiento institucional de suyo complejo, que necesitaría la aprobación de la medida por los congresos estatales. No queda más que pensar que la propuesta es meramente electoral y mediática.

Resultaría más laborioso, pero daría resultados tangibles, encaminar los esfuerzos del Estado a combatir el crimen mejorando los puntos nodales del sistema de procuración e impartición de justicia. Habría que darle una dimensión distinta y eficaz a la readaptación social, de tal forma que el tiempo en la cárcel resultase provechoso para quienes cumplieron una condena.

Es fundamental agilizar los procesos y acelerar la implementación de los juicios orales en todo el país. Avanzar hacia la unificación de los mandos policiales para que exista una policía nacional, con jurisdicción en todos los estados y en todos los municipios, de tal forma que haya una sola base de datos, criterios y procedimientos.

Pero quizá el argumento de mayor peso en contra de la pena capital debería ser que, de aprobarse, el Estado aceptaría que sólo puede resolver ciertos problemas mediante el uso de la fuerza, y en este caso, de su expresión más contundente y menos democrática, por irreversible, por inhumana.

IFE vs Televisoras: una novela electoral

Hace un par de semanas escribí en este espacio acerca de las nuevas reglas electorales y la prohibición para que los partidos o particulares contrataran publicidad política. Dije también que la medida significó un fuerte golpe para las finanzas de los dueños de los medios.

Desde entonces han ocurrido varias cosas: el IFE dictó unos lineamientos para que los medios de comunicación procuraran la equidad política en los espacios informativos y evitaran la promoción política disfrazada de funcionarios públicos en programas para señoras. Tal documento fue la gota que derramó el vaso y, con ello, las televisoras desde antes resentidas emprendieron la ofensiva.

El 31 de enero, fecha en que inició la transmisión de spots que ahora el IFE controla, las televisoras decidieron agrupar bloques de 3 a 5 minutos de anuncios políticos (en lugar de repartirlos a lo largo del día, intercalados como cualquier otro anuncio) y transmitirlos a la mitad de los programas con mayor rating. De esta forma, los televidentes vieron interrumpidos eventos como el super bowl o los partidos de futbol. En palabras de un senador, las acciones de los dueños de los medios tienen un objetivo muy claro: “asumir el discurso antipolítica, antipartido y anticongreso que busca desacreditar las instituciones en aras de los intereses comerciales”. Suscribo totalmente la sentencia.

Desde siempre, en este país los medios de comunicación han estado bajo laxo control por parte del Estado. Hay que cambiar eso, no se trata de censurarlos, sino de que cumplan la función social a la que están obligados por usufructuar, y obtener buenas ganancias de ello, una concesión (el tiempo en radio y tv) que nos pertenece a todos.

Sin embargo, algo que caracteriza a las democracias, por jóvenes que sean, es que las instituciones adquieren solidez legal y legítima por encima de la legalidad y legitimidad que pudiesen tener los poderes fácticos, como el de los medios. Para cuando este artículo se publique el IFE habrá resuelto si sanciona o no, a Televisa, TV Azteca, Sky y Cablevisión. El asunto podría terminar en la Corte, especialmente porque la televisora de Chapultepec presentó un amparo en el que se está jugando mucho dinero y por el que ha movido su aparato jurídico y de cabildeo.

Los consejeros del IFE, magistrados del Tribunal Electoral, ministros de la Suprema Corte y diputados, no deberían arredrarse ante el reto de los dueños de los medios, más aún, si acaso encuentran vacíos legales, los pasos deben darse hacia adelante, en busca de la perfección jurídica y del fortalecimiento institucional, nunca en retroceso y a favor de los poderes paralelos a las instituciones.

Es momento de revisar la Ley Federal de Radio y Televisión y atender especialmente la forma en que se están otorgando las concesiones. La democracia debe extenderse mas allá de los partidos y congresos, más allá de los espacios que habitualmente están dispuestos para ella. La radio y la televisión de este país deben dejar de pertenecer a unos cuantos.